El 40,3% de las personas diagnosticadas de un trastorno mental considera no haber recibido información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno. Entre las personas que estaban tomando psicofármacos, el 46,3% dice no haber recibido información adecuada acerca de los efectos secundarios de su medicación.
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra hoy, 10 de diciembre, SALUD MENTAL ESPAÑA lanza la campaña #DerechoANuestrosDerechos, que este año se centra en las vulneraciones de derechos que sufren las personas con problemas de salud mental en el ámbito sociosanitario.
La campaña, que cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, consta de un vídeo en el que se explica cuáles son las principales vulneraciones en este ámbito y se reivindican la libertad de decisión y de participación como derechos inalienables en salud mental. La falta de información, el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud y el tratamiento, la falta de alternativas terapéuticas o de acceso a recursos, la importancia de la Planificación Anticipada de Decisiones (PAD) o la falta de credibilidad en el relato de las personas con problemas de salud mental, son las temáticas abordadas en esta campaña.
El derecho a tomar decisiones y planificar la atención
En el vídeo, se insta a las personas a no normalizar la vulneración de derechos que sufren habitualmente y a conocerlos para poder reivindicarlos. En el ámbito de la salud mental, todas las personas tienen derecho a recibir una atención sociosanitaria basada en la información, el consentimiento libre e informado, la autonomía y la participación. De hecho, uno de los principios generales sobre los que se articula la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Las personas con problemas de salud mental tienen derecho a tener información sobre su diagnóstico y a participar en la toma de decisiones en todas las etapas de su proceso de recuperación.
Sin embargo, la realidad es muy distinta: el 30% de quienes tienen un diagnóstico en salud mental considera que, en alguna ocasión, se ha vulnerado su autonomía o poder de toma de decisión y el 59,8%considera que no ha participado activamente en el diseño de su programa de atención. Menos de un 7% participa en un Plan Individualizado de Atención, y solo un 8,2% participa activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento farmacológico. Muy frecuentemente, las personas con problemas de salud mental son invisibilizadas debido a los estereotipos y prejuicios que recaen sobre ellas, así como a la falta de medios.
Esta ausencia de participación es aún más flagrante en el contexto de una crisis. En esta situación, el derecho a decidir se articula a través de la Planificación Anticipada de Decisiones (PAD), una herramienta recogida en los artículos 3 y 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que muchas personas que tienen derecho a ella no conocen. Según explica Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, la PAD permite a la persona determinar “cómo quiere, llegado el caso, ser atendida a nivel sanitario cuando se encuentre en una circunstancia en la que no pueda manifestar su voluntad personalmente y hacerlo en un documento que cuente con todas las garantías para que sea válido y eficaz en el contexto de un modelo de relación asistencial basado en la dignidad, autonomía e independencia de la persona, que favorezca el diálogo con los y las profesionales”.
La asesora jurídica de la Confederación asegura que es urgente “un cambio del modelo de atención a la salud mental para que esa expresa anticipación de la voluntad sea vinculante en la práctica para los y las profesionales responsables de tomar decisiones sanitarias. Ese modelo ha de ser, por tanto, un modelo de decisiones compartidas, solo posible desde un enfoque comunitario, humanista y de derechos humanos”. Muñoz reconoce que existen obstáculos para llevar este derecho a la práctica: “Está claro que el desarrollo legislativo ha ido por delante de la realidad sociológica y una de las principales barreras a las que se habrá de hacer frente para que la PAD en salud mental sea una realidad es la del estigma, que contribuye a la pervivencia de patrones de conducta todavía propios de un sistema médico o rehabilitador”, asegura.
Falta de información, alternativas terapéuticas y credibilidad
Según el estudio ‘La situación de la salud mental en España’, el 40,3% de las personas diagnosticadas de un trastorno mental considera no haber recibido información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno. Entre las personas que estaban tomando psicofármacos, el 46,3% dice no haber recibido información adecuada acerca de los efectos secundarios de su medicación.
Ante esta situación, desde la Confederación se reivindica que los equipos profesionales de atención a la salud mental faciliten información comprensible y suficiente a la persona y su familia, tanto acerca del posible diagnóstico, como de la intervención psicoterapéutica, el tratamiento farmacológico si es necesario, los recursos de apoyo, los derechos o las alternativas existentes. Lo ideal es que existan multitud de recursos con programas lo más individualizados posible, que permitan que la persona escoja el recurso que considere que se adapta mejor a sus necesidades, valores y preferencias.
El Servicio de Información de SALUD MENTAL ESPAÑA atiende cada año alrededor de 1.300 demandas. La mayoría de ellas están directamente relacionadas con la vulneración de derechos en el ámbito de la atención sociosanitaria. “Es curioso que la mayoría de este tipo de vulneraciones se produzca en un ámbito en el que, en teoría, se debería velar por acompañar y proteger a las personas con problemas de salud mental”, reflexiona José Luis Méndez, responsable del Servicio de Información de la Confederación y trabajador social.
El estigma tiene mucho que ver en estas vulneraciones: “Especialmente llamativa es la falta de credibilidad que tienen las personas con problemas de salud mental cuando acuden a los centros de atención sanitaria para exponer dolencias físicas, que posteriormente son contrastadas con pruebas diagnósticas (si esa persona tiene suerte de que puedan llegar a realizárselas)”. Méndez explica que, en un primer momento, hay profesionales de la salud que presuponen que estas dolencias físicas son resultado de sus problemas de salud mental. “No se les tiene en cuenta a la hora de valorar una situación en la que, si no hubiese un diagnóstico psiquiátrico de por medio, sería evidente el proceso a seguir”, afirma.
